Por DIEGO FAINSTEIN
Desde UNER en Movimiento
(unerenmovimiento@gmail.com)
INTELECTUALES NO MUY ALUMBRADOS POR UNOS COBRES
A fines de 2008 llegaron por primera vez a la Universidad Nacional de Entre Ríos los fondos provenientes de la explotación minera “Bajo La Alumbrera”. Hasta ese momento la megaminería era un tema ajeno a nuestra universidad, a pesar de que las Asambleas de Vecinos y otros movimientos sociales de la región cordillerana llevan años enfrentando las iniciativas de las transnacionales y sufriendo los efectos de las mega-explotaciones. En aquel momento, los Consejeros Superiores de la Universidad discutieron si recibir o no estos fondos, y finalmente decidieron --casi por unanimidad-- aceptar un millón de pesos para distribuir entre las 9 facultades que componen la UNER.
Fundamentaron así: es legal recibir los fondos porque están asignados por una ley vigente. Otros Consejeros argumentaron --sin pudor-- que la Universidad ya recibe distintos fondos espurios (¿qué le hace una mancha más al tigre?) y que incluso el Tesoro Nacional está alimentado por empresas y actividades contaminantes (¿vamos a renunciar al 100% del presupuesto universitario?). En cuanto a las denuncias respecto de la contaminación (y el saqueo) que produce la megaminera, otorgaron el “beneficio de la duda” ya que afirmaron desconocer la existencia de estudios técnicos para certificar si efectivamente Bajo La Alumbrera es tan perniciosa o no. Como se puede advertir, muchos universitarios llegaron tarde a descubrir datos de dominio público, mientras que otros patearon la pelota para adelante. Su confesión de ignorancia debió haberlos empujado a informarse antes de votar, pero además resulta incompatible con su formación y ámbito de trabajo. En aquella reunión se designó una comisión (¡claro!) para efectuar un estudio técnico que permitiese dirimir científicamente esta cuestión, pero mientras tanto los fondos se aceptaron.
A lo largo de 2009 se acrecentó la difusión de información sobre la minería a cielo abierto: el modo de extracción de los minerales y su impacto sanitario y ambiental, las leyes vigentes, la distribución de beneficios y pérdidas, etc. Estos temas se incorporaron en el contexto de las eternas discusiones sobre la situación de la Universidad: su financiamiento a cuentagotas, la autonomía de fantasía, el carácter mercantilista de la formación adquirida en sus aulas, los propósitos de las investigaciones que no parecen apuntar a la resolución de los problemas regionales, entre otros temas.
Muchos universitarios de la UNER nos sensibilizamos con este tema al intercambiar documentos y opiniones, a través del correo electrónico y mediante encuentros entre grupos de activistas. Uno de los primeros textos que leímos fue el acta de la discusión del Consejo Superior de fines de 2008, que disparó nuestra indignación, y también informes elaborados por docentes, investigadores y figuras públicas como Pérez Esquivel y el biólogo Raúl Montenegro. Es preciso remarcarlo: no había que hurgar en sótanos de bibliotecas olvidadas, ni era preciso lanzarnos a ubicar expertos inaccesibles para encontrar indicios sobre el impacto de la megaminería. Bastaba con ponerse en contacto con los movimientos sociales o incluso --dentro del propio sistema universitario-- con los investigadores que trabajan sobre estos temas. Pero es más habitual perseguir convenios empresarios que vincularse con la plebe.
NO SÓLO EXPLOTA EL VERANO (Y OTRAS REFERENCIAS AMBIENTALES)
Casi un año después, para la reunión del Consejo Superior de Agosto de 2009 se trata nuevamente el tema, que para este año son 37 millones que se distribuyen entre las UUNN, de los cuales le tocarían a la UNER 820 mil pesos. Como para ubicarnos: el presupuesto de nuestra universidad en 2009 es de unos 100 millones de pesos, el 95% correspondiente a sueldos. De modo que los fondos provenientes de la minera representan menos del 1% del presupuesto total. Sin embargo, si sólo se considera la porción destinada a gastos no salariales (desde la compra de equipamiento, tonner y biromes hasta la construcción de aulas y el pago de la luz y el teléfono) el porcentaje que representa la plata de Bajo La Alumbrera se eleva al 16,4% (de los 5 millones de pesos destinados a estos fines). Ya deja de ser un porcentaje tan insignificante para convertirse en una suma capaz de tentar voluntades. Los 5 millones de pesos de las arcas ilustradas son tan insuficientes que convierten a los universitarios en langostas famélicas dispuestas a fagocitarse cualquier residuo, sin condiciones.
Echemos un vistazo a la explotación que produce estas monedas. Luego de siglos de minería tradicional bajo tierra, ya no quedan sustancias útiles concentradas en vetas sino que los minerales aparecen diluidos en las montañas, como si fueran una salmuera sólida. Entonces, para obtenerlos es preciso dinamitar la roca y separar el cobre, el oro y demás metales mediante procesos muy agresivos que involucran el uso de cianuro, mercurio, acido sulfúrico u otros elementos que los solubilizan y permiten separarlos de la matriz de roca. En el yacimiento Bajo La Alumbrera se necesita mucha agua, tanto para estos procesos como para bombear el material desde Catamarca hasta Tucumán por un mineraloducto, que no es otra cosa que un tubo, de más de 300 kilómetros. En el proceso se extrae una enorme cantidad de agua fresca proveniente de un acuífero subterráneo (y cabe enfatizar que la región de donde se chupa el agua es semidesértica). Una vez en Tucumán, se le extrae parte del agua (y esos miles de litros un poquito contaminados se liberan en una cuenca de agua diferente a la de su origen). Ya hecho polvo, el concentrado viaja en tren hasta San Lorenzo, provincia de Santa Fe, donde se carga en barcos que lo llevan a las refinerías del extranjero. No se exporta el cobre puro sino la mezcla que posee un 30% de este metal (y que al refinarse multiplica su valor por cuatro, pero este agregado de valor no se realiza en nuestro país). En el proceso también se separa el oro y posiblemente otros materiales útiles y caros, pero sin ningún tipo de control.
El impacto ambiental es enorme. Bajo La Alumbrera consume el equivalente al 87% de la energía utilizada en Catamarca, además quema alrededor de 33 millones de litros de gasoil anualmente, bebe 100 millones de litros de agua fresca por día (y que no devuelve cristalinamente al ambiente) y por si fuera poco suele padecer accidentes, como la recurrente pinchadura de su mineraloducto o el derrame de combustible que provocó un camión de La Alumbrera al volcar el 19 de agosto de 2009 y derramar 36 mil litros de gasoil que contaminaron el río y la planta potabilizadora en plena época de sequía, dejando a la población sin agua (1).
Cada año la explotación procesa unos 120 millones de toneladas de roca utilizando miles de toneladas de explosivos y de solventes, para producir sólo 180 mil toneladas de concentrado de cobre. Estos números transparentan una eficiencia sumamente baja, un desperdicio casi total. Tras la separación de los concentrados, los desechos se almacenan en la propia montaña y se transforman en un peligro potencial porque los piletones y diques de contención pueden agrietarse y filtrar su contenido, ahora mismo o dentro de un número desconocido de años. Uno de los mayores peligros de este tipo de minería es que la roca residual es potencialmente generadora de ácidos, los cuales tienen la capacidad de solubilizar metales pesados sumamente tóxicos para la vida. De respetarse a la montaña y su proceso de erosión natural, los metales pesados quedan atrapados en la matriz rocosa sin peligro de difuminarse, o haciéndolo a un ritmo inocuo a lo largo de miles de años. Probablemente, cuando los efectos alcancen su esplendor (y los metales pesados manifiestan su presencia décadas después de su ingestión), la minera y sus directivos no habrán dejado rastros.
Los sistemas de tratamiento de desechos que poseen, por ejemplo en Tucumán, no han impedido que se haya comprobado que contamina a cientos de kilómetros de Andalgalá (la población más cercana al epicentro de la explotación). Por este motivo está procesado el vicepresidente de la empresa, Julián Rooney. ¿Por qué está procesado el vicepresidente y no otros directivos de la misma empresa? La respuesta en palabras del Fiscal Federal de Tucumán Gustavo Gomez: “Porque, aunque parezca mentira, no sabemos quiénes son. Los registros de la AFIP no estaban actualizados y los de personería jurídica, menos. La Alumbrera tiene domicilio en una isla del Caribe” (2).
BREVE APELACIÓN AL BOLSILLO NACIONAL Y OTRAS HISTORIAS
Para evitar golpes bajos que atenten contra el supremo pragmatismo que reina en los lugares donde se toman decisiones que tienen que ver con la minería a cielo abierto, no se intentará dimensionar el volumen de contaminación producida ni describir sus múltiples efectos sobre los seres vivos (entre quienes se encuentran, por ejemplo, el subgrupo que podríamos llamar "los Catamarqueños" que algunos derechos deben tener --según la Constitución-- ya que teóricamente los clasificaríamos dentro de una especie amenazada, aún no extinguida, denominada "ciudadanos"). En cambio, le prestaremos un poco de atención al negocio de la mega-minera. La empresa de capitales canadienses y suizos Minera Alumbrera Limited (integrada por Xstrata Copper, Goldcorp Inc. y Yamana Gold) se asoció con la estatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), propietaria del yacimiento, en la cual participan la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Estado Nacional. El 80% de las utilidades generadas se distribuyen para MAL (y esto no sólo es un juicio de valor, sino que M.A.L. es el acrónimo de la empresa transnacional) y 20% para YMAD (a su vez esta fracción se distribuye así: 60% para la provincia de Catamarca, 20% para la UNT descubridora del yacimiento y 20% para el resto de las UUNN, que actualmente son 36). Para dar un ejemplo, las utilidades generadas en el año 2004 por el concentrado de cobre fueron de unos 650 millones de dólares (3). Estas ganancias son las que la empresa declara, sin que exista ningún tipo de control por parte de su socia estatal. Por suerte son gente súper honesta que nunca intentaría estafar al Estado Nacional y al pueblo argentino. La empresa extranjera de dueños desconocidos que se queda con el 80% de las utilidades declaradas prácticamente no paga impuestos sobre estas superganancias gracias a las leyes de minería sancionadas durante la década menemista y aún vigentes en épocas mucho más nacionales y populares, redistribuidoras de la riqueza.
La megaminera utiliza un fuerte operativo de prensa para disfrazar su acción e impacto mostrando bellas cifras de inversiones, contribuciones al fisco, cuidado ambiental y generación de trabajo. Le llaman responsabilidad social empresaria. Pero sólo es una fachada que necesita para que no peligre su permanencia, para no resultar expulsada por la potencia del rechazo social. Veamos algunos detalles: entre 1995 y 2003 invirtieron 1400 millones de dólares. Esta cifra es astronómica. Sin embargo se recupera en menos de 3 años contando sólo la producción declarada de concentrado de cobre, y es preciso señalar que la vida útil prevista es de 20 años, con lo cual ya vienen gozando de ganancias puras y sin cargas fiscales, que seguirán llevándose durante mucho tiempo. En el pico de utilización de mano de obra, durante su construcción entre 1995 y 1997 emplearon a 5.000 trabajadores. Hoy en día quedan unos 2.000, de los cuales sólo 45 están agremiados, raro considerando las condiciones de trabajo: 12 hs/día, 14 días corridos, 7 de descanso, no se pagan los días no trabajados por enfermedad.
Lo dicho hasta aquí es sólo un breve resumen. Se puede corroborar la existencia de procesos judiciales que avanzan a pesar de la corrupción que están en condiciones de alimentar y de las presiones que son capaces de generar sobre la justicia. Existen muchas denuncias de contaminación y se cuenta con pericias realizadas por distintos organismos (desde Gendarmería hasta la Comisión Nacional de Energía Atómica) que certifican la existencia de peligro y de daños.
UNIVERSITARIOS CON SÍNDROME DE ARGUMENTOS ESCASOS
¿Qué decidió el Consejo Superior de la UNER en agosto de 2009, cuando discutió si volver a aceptar o rechazar los 820 mil pesos provenientes de YMAD? Optó por recibir nuevamente los fondos, a pesar de que la Comisión especialmente designada para investigar si Minera Alumbrera Limited contamina nunca presentó ningún dictamen (espejismo que demuestra que su creación fue una farsa para ganar tiempo), a pesar de la sólida argumentación esgrimida en contra de los fondos mineros, a pesar del pedido expreso de más de 130 docentes que solicitaron rechazar este dinero y a pesar de que no cabe exculparse aduciendo ignorancia.
La diferencia respecto de 2008 fue lo ajustado de la votación: 15 por la aceptación, 11 por el rechazo y 1 abstención. ¿Por qué, cuando ya disponemos de suficiente información aún existen dieciséis consejeros que prefieren convertir a la universidad en cómplice del saqueo y la muerte? Entre éstos, resultan llamativos los votos de los representantes de Bromatología (esta facultad se encuentra en la emblemática ciudad de Gualeguaychú, tan cercana a Botnia), y de Ciencias de la Salud, que en la localidad de Concepción del Uruguay dicta la carrera de “Licenciatura en Salud Ambiental”.
Al argumento de quienes lavan su conciencia resguardándose en la legalidad de los fondos contraponemos la emergencia de la siguiente asimetría: cuando se trata de la defensa de los trabajadores, de los movimientos sociales y del medio ambiente, las leyes no se respetan tanto. El Estado se revela como Estado de Clases toda vez que con las herramientas legales, o sin ellas, mantiene su apoyo y sostén al Gran Capital y a su estructura subsidiaria. Por dar un solo ejemplo del contraste: la Ley “Banelco” sigue flexibilizando a los trabajadores mientras que la Ley de Glaciares sufrió el veto presidencial. El ejercicio de los derechos, en condiciones de igualdad, se actualiza –como ya sabemos– cuando la plebe resiste.
FACULTADES DESOBEDIENTES Y EPÍLOGO AGRIDULCE
La Universidad actualmente dista de ser un espacio gobernado por la argumentación, el conocimiento y la racionalidad. Sus órganos de gobierno padecen una democracia desnutrida, con una representatividad al menos dudosa y más interesada en acoplarse al mercado que en defender los derechos humanos. Su presupuesto “genuino” (aquel proveniente del Tesoro Nacional y que tiene potestad de distribuir internamente) es tan minúsculo que están comprometidas sus actividades de docencia, investigación y extensión. La perversidad del sistema es tal que lo pequeño del botín no invalida las mezquinas disputas por su apropiación. Desde hace años esta política ha sido acompañada por el despliegue de diversas formas de financiamiento estatal y privado con efectos nocivos sobre la autonomía universitaria. En vez de cooperar, las universidades compiten y se esmeran por “prestar servicios a terceros”, focalizándose en prácticas que mercantilizan el conocimiento. Las aulas y laboratorios ya no prometen un futuro mejor; en cambio, se van convirtiendo gradualmente en un outlet, en un puesto de venta, en una consultora que facilita los grandes negocios. Incluso en la actualidad, y si ejercitáramos la imaginación para suponer que la Universidad cuenta con presupuesto suficiente, cabría preguntarse por la proporción de docentes e investigadores con voluntad para contribuir al cambio social y a la transformación de la realidad.
Durante septiembre de 2009 se disparó el activismo y cuatro facultades (Educación, Ingeniería, Trabajo Social y Bromatología) decidieron rechazar los fondos mineros. Además, no conformes con esto, solicitaron al Consejo Superior que reconsidere su decisión previa. El 24 de septiembre, luego de haber sido suspendida por el rector Asueta la primera convocatoria (probablemente si la reunión se hacía en la fecha prevista perdía la votación), y con la presencia de numerosos estudiantes y docentes, el tema se volvió a tratar. Esta vez hubo 6 ausencias, 5 de las cuales se supone que corresponden a Consejeros que hubiesen votado por el rechazo de los fondos. Por más que se manifestaron una catarata de motivos para rechazar los fondos mineros y pese a que no hubo contra-argumentos, la votación fue de 14 a 12 para que la UNER se constituya en cómplice de la muerte y el saqueo. La indignación de los presentes no se hizo esperar. Los consejeros cómplices de los daños que ocasiona La Alumbrera fueron receptores de una lluvia interminable de cantitos, recriminaciones e insultos. Las réplicas que intentaron solamente atizaban la bronca. Al otro día el rector denunció públicamente agresiones y amenazas. Si allí hubiera estado la intención de agredir, ella se hubiera concretado fácilmente, por la sola fuerza del número. No hubo más violencia que la del silencio de los que votaron sin justificar, la violencia de la imposición de mayorías conseguidas en la oscuridad, con representantes que votaron en contra de la decisión de sus representados (por ejemplo el caso del estudiante de Gualeguaychú) y con ausencias llamativas. Ellos sí contaron con la fuerza del número y no del argumento.
El movimiento en contra de los fondos mineros, sin embargo, no se vio disminuido con este resultado. Por el contrario, fue estimulado, creció en participación y se multiplicaron diversas iniciativas: campañas de afiches, mesas redondas, escraches, etc. En una próxima entrega, continuaremos el relato.
Referencias:
(1) Prensa Contrapunto, periódico integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. 19/08/2009.
(2) Mu, el periódico de lavaca. Marzo 2009 / año 3 / número 22.
(3) Coria, Lorena (2007). “Desarrollo local y actividad minera en la provincia de Catamarca. Compatibilidad e incompatibilidades para la configuración de la micro región de Andalgalá”. Revista Oidles (vol 1, nro 0).
(NOTA APARECIDA EN REVISTA EL COLECTIVO Nº 26-OCT/NOV 2009)
