Por Luis Lafferriere (*)
Las relaciones financieras entre la Nación y las provincias se han caracterizado durante los últimos 20 años por un proceso sistemático de saqueo de la riqueza y de los recursos por parte del Estado central, que actuó como intermediario y gestor de los intereses más poderosos de la Argentina.
Durante la década del ’90, el justicialismo menemista a nivel nacional promovió un modelo económico y social de concentración, extranjerización y creciente desigualdad distributiva, para lo cual se valió también de la apropiación de gran parte de los recursos que pertenecen a las provincias argentinas. Lo hizo en violación no sólo de las leyes vigentes, sino también de la Constitución Nacional y del régimen Federal de gobierno.
Reflejo de esa política de saqueo y funcional a la misma, los gobiernos justicialistas de nuestra provincia (con hegemonía del bustismo) permitieron esa apropiación, con una actitud obsecuente hacia la orientación neoliberal de Menem y Cavallo, apoyando con medidas propias la entrega de recursos que nos pertenecían legítimamente. Eso significó para Entre Ríos la pérdida de alrededor de dos mil millones de pesos/dólares entre los años 1992 y 1999 (cuyo Estado acumulaba para entonces una deuda total de 850 millones de pesos/dólares).
Cuando la convertibilidad entra en crisis (2001-2002) muchas provincias (entre ellas la nuestra) deben emitir cuasi monedas para afrontar las dificultades fiscales. En el caso del Bono Federal, que se emitió por un valor de 250 millones de pesos, se evidencia la gran responsabilidad compartida del justicialismo a nivel nacional y provincial, que creó las condiciones para que desembocáramos en esa lamentable y dramática situación (por ejemplo, lo que Entre Ríos perdió por violación a los porcentajes de la distribución primaria de la ley de coparticipación vigente, representaba un 800 % del valor de los bonos que debió emitir para afrontar obligaciones fiscales). /1
En lo que llevamos de este nuevo siglo, la historia continúa y el saqueo se profundiza. Y los responsables de esta situación siguen siendo los mismos actores: el justicialismo K a nivel nacional (continuación del menemismo) y el justicialismo bustista a nivel provincial.
La continuidad de la entrega de nuestros recursos (en violación de las leyes y de la Constitución Nacional) permite que cada año Entre Ríos deje de recibir fondos por más de $ 1.100 millones, sin que sus gobernantes hagan siquiera un mínimo reclamo al Gobierno nacional y renunciando a la defensa de nuestros legítimos intereses.
A esa cifra se suma el incumplimiento del artículo 7º de la ley de coparticipación, por lo cual esta provincia dejó de percibir entre el 2002 y el 2008 más de $ 500 millones (monto que tampoco se ha reclamado legalmente como corresponde).
Pero el saqueo de los recursos entrerrianos se ha profundizado desde el año 2002, cuando el Estado Nacional impuso las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que no son coparticipadas con las provincias productoras, y que para el año 2008 significaron que el sector agrícola de Entre Ríos aportara más de $ 2.000 millones, sin recibir nada a cambio.
Coparticipación: Lo más importante es la distribución primaria /2
Si bien es cierto que existen sectores dentro del territorio provincial que tiene suficiente capacidad contributiva y es muy poco lo que aportan al fisco entrerriano (situación cuya responsabilidad está también en el mismo gobierno), es indudable que la principal fuente de ingresos para reforzar las limitadas finanzas públicas de la provincia reside en los cuantiosos recursos que se lleva la Nación. Máxime teniendo en cuenta que son cada vez menos los servicios que presta el Estado central a nuestra población, ya que la gran mayoría de los mismos está a cargo del Estado provincial y las Municipalidades (justicia, educación, salud, seguridad, asistencia alimentaria y habitacional, preservación de la infraestructura pública, etc).
¿Por qué razón la clave está en la distribución primaria de los impuestos coparticipados? Según la ley vigente Nº 23.548, los impuestos coparticipados son aquéllos que acuerdan la Nación y las provincias de unificar su recaudación y distribuirlos en un determinado porcentaje: al Estado nacional le corresponde un 44 % del total recaudado, y a los Estados provinciales el 56 % restante (se trata de la llamada distribución primaria). Luego las provincias se reparten entre sí la porción que les toca, en función de criterios acordados en la ley (es la distribución secundaria).
Pero sucede que los cambios operados a la mencionada ley (y avalados por nuestros gobernadores), dan como resultado una situación absurda: del total de la recaudación tributaria nacional (sin contar los impuestos al comercio exterior ni las contribuciones a la seguridad social), el conjunto de las provincias reciben en concepto de Coparticipación Federal (distribución primaria) menos del 30% (el 29,97 %, el 29,06 % y el 27,67 %, en los años 2007, 2008 y Enero-Abril de 2009). /3
Queda claro, entonces, que los recursos que debería recibir Entre Ríos en forma automática por Coparticipación, son casi el doble de lo que recibe en la realidad. Ello significa que nuestra provincia, sólo en el año 2008, habría dejado de percibir alrededor de $ 2.500 millones. Todo esto sin considerar lo que aporta como impuestos a las exportaciones agrícolas, que sólo capta la Nación.
La contratara de esta actitud de obsecuencia hacia las políticas nacionales del gobierno K, es la insuficiencia de recursos para afrontar las erogaciones que demanda mantener la prestación de servicios públicos indispensables para la gran mayoría de la población entrerriana, que se encuentran en un lamentable estado de deterioro, agravando las dificultades que soportan las decenas de miles de comprovincianos que viven en la pobreza y en la indigencia.
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(*) Docente universitario de economía y Director del Proyecto “Por una nueva economía, humana y sustentable” (UNER)
1/ Lafferriere, Luis. “El desfinanciamiento del sector público en la provincia de Entre Ríos”. 2003.
2/ Lafferriere, Luis. “Coparticipación. Lo central es la distribución primaria”. 2006.
3/ Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos – Senado de la Nación. “Boletín” Nº 5 y Nº 9.
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