IMPA: la de los trabajadores

De acá nos van a sacar muertos”, repetía emocionado Eduardo Murúa, uno de los referentes de la Industria Metalúrgica y Plástica Argentina (IMPA), la primera fábrica recuperada del país, con casi un siglo de historia. Sus palabras se abrazaban a las de más de 200 trabajadores de IMPA y de otras recuperadas y organizaciones sociales, ante un cordón desmesurado de efectivos de Infantería de la Policía Federal que acechaban la planta, con intenciones poco cooperativas.
En IMPA quieren trabajar, pero no los dejan. El jueves 17, un día antes de la represión, la Justicia había ordenado reprimir a quienes se encontraban acampando frente a la planta desde el desalojo ejecutado 48 horas antes.
Las balas de goma y los violentos chorros de tinta –para marcar a los manifestantes- de los camiones hidrantes se volvieron esa mañana contra los trabajadores. Pablo Piñeyro, integrante de IMPA, confirmó a Prensa De Frente que “los efectivos de la Infantería hirieron a quince personas y detuvieron a dieciséis, que fueron trasladadas a la Comisaría 11”. Hubo corridas durante dos horas y una delirante cacería por las calles de los barrios de Caballito y Almagro.
Tras la represión, el abogado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Facundo Taboada, asumió la defensa de los trabajadores de IMPA, que ya se encuentran en libertad.
La cronología
La fábrica fue fundada en 1910 por empresarios alemanes y en 1945 fue nacionalizada por Juan Domingo Perón. En el ‘61, Arturo Frondizi la convirtió en cooperativa y en 1998 fue finalmente cerrada. Fue entonces cuando unos 50 trabajadores la refundaron, desde el cooperativismo, y la convirtieron en lo que es hoy: un símbolo del trabajo autogestionado. IMPA fue la pionera de las empresas reabiertas por sus trabajadores. Y hacedora de logros indiscutibles: al ser recuperada, la fábrica tenía una deuda de 5 millones de pesos. Hoy, diez años después, el pasivo es de un millón y medio.
IMPA emplea hoy a 90 personas, con una capacidad de producción del 40 por ciento. Sus trabajadores saben que podría funcionar aún mejor, ya que la demanda suele ser muy superior a lo que puede producir actualmente en función de su capital de trabajo.

Pero los esfuerzos parecen no alcanzar. Dos acreedores piden actualmente el pago de la deuda a partir de la quiebra. Por eso, el martes 8, a las 19, funcionarios judiciales se presentaron junto con personal de Infantería en la fábrica con intenciones de cerrarla. Los trabajadores impidieron la clausura y se movilizaron al día siguiente hasta el Juzgado Comercial N 4 de la Capital, a cargo del doctor Víctor Hugo Vitali. El magistrado dio plazo a la gente de IMPA hasta el viernes 11 para presentar un acuerdo con esos acreedores.
En IMPA se elaboró entonces una propuesta de acuerdo, que fue acercada al juzgado el viernes. Antes habían pagado a los acreedores casi 20 mil pesos, en parte de pago de la deuda.
Pese a la buena voluntad de la cooperativa, el juez ordenó nuevamente la clausura. Los hechos se precipitaron el martes 15, después de las 21.30, cuando aparecieron en la planta el secretario del juzgado, el síndico acompañados del inefable cuerpo de Infantería. Había en ese momento en la planta cuatro trabajadores, a los cuales sólo se les notificó que iba a ser cerrada. Del otro lado de la puerta, intentaron resistir una vez más a la medida. Pero bajo amenazas de detención, los funcionarios comenzaron a derribar la puerta con una amoladora. Cuando entraron, echaron a los trabajadores del lugar. Se organizó entonces un acampe delante de la planta.
Un detalle curioso: en un encuentro previo, el juez Vitali les había transmitido su voluntad de garantizar la continuidad de la fuente laboral.
Tras el accionar violento de la Infantería, los trabajadores de IMPA convocaron a inegrantes de otras fábricas recuperadas, organizaciones sociales, partidos políticos y a la comunidad en general, a un acto el próximo miércoles 23 a las 15, en repudio a la clausura de la planta y la represión policial. (FUENTE Y FOTOS: PRENSA DE FRENTE)