El accionar de la policía “democrática” en Paraná
TEXTO: Osvaldo Quintana. Entrevistas: Hortencia Torres, Gilda García y Osvaldo Quintana.
Se venden como hechos aislados y raramente son reflejados en su magnitud por los medios de comunicación monopólicos, salvo cuando las victimas pertenecen a los sectores medios de la población. Los apremios ilegales, las torturas y los vejámenes son un hecho tan corriente en los barrios de Paraná que ya forman parte del paisaje. En esta Argentina K de los Derechos Humanos la represión policial selectiva sigue teniendo como victimas a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y no es casualidad que el monumento al “policía democrático” inaugurado en Paraná hace varios meses por el actual gobernador sea un inefable guardián del orden saludando satisfecho con el brazo derecho en alto.
“Aníbal” tiene alrededor de 26 y vive en el Barrio Mosconi 2 junto a su familia desde hace unos cuantos años. Tiempo atrás supo tener un carrito con el que cirujeaba cotidianamente. Un día en que estaba muy borracho se lo robaron y ya no pudo volver a trabajar. “Aníbal” es alcohólico en recuperación.
La noche en que lo levantó la policía, estaba tomando en la tranquilidad de las calles del barrio todavía cubiertas por algunos charcos producto de una lluvia pasada.,
En pocos minutos el móvil lo depositó en la comisaría donde le ordenaron que se pusiera de rodillas. Enseguida colocaron una cachiporra en su nuca, para que no pudiera moverse ni ver a los agresores. Entonces fue cuando la mujer policía comenzó a golpearlo cada vez con más fuerza, ante las risotadas de los demás uniformados quienes se burlaban de que quien lo golpeara fuera alguien del sexo femenino.
Cuando se cansaron de pegarle lo subieron nuevamente al patrullero. “Aníbal” se desesperó pensando que podrían trasladarlo a la comisaría quinta, famosa por ser virtualmente un centro legal de torturas y desapariciones.
No recuerda cuanto tiempo anduvo secuestrado dentro del patrullero. Solo recuerda la caída a un costado del camino, cuando los policías lo arrojaron violentamente del móvil en plena marcha.
Tiene heridas en la cara y en el cuerpo pero las que mas le duelen son otras. “Aníbal” había realizado, hace un tiempo, denuncias por apremios ilegales contra la policía. Ahora ya no quiere saber más nada.
Esta historia sucedió y sucede todos los días en las barriadas populares pero no pasará a engrosar las estadísticas mentirosas del Gobierno Provincial ni figurará en los diarios de mañana ni pasado, ni nunca. Esta historia terminará como muchas otras con la impunidad marcada en el cuerpo y el alma de los de siempre.
La conformación de este presente de exclusión no es producto de la casualidad ni la obra divina. Sólo es posible por la depredación de nuestros derechos sociales en la órbita del trabajo y la seguridad social. Este presente de postal, este país de economía floreciente y desigualdad creciente, solo se sostiene en el tiempo con estadísticas falaces, dádivas, discursos para la tribuna y medios de comunicación cómplices y monopólicos. Pero, fundamentalmente, con represión, con la violación sistemática y cotidiana del derecho a la vida por parte de las distintas instituciones del Estado.
En este sistema “democrático” donde la exclusión es la regla, se necesita disciplinar y controlar a millones de personas en estado de indigencia. Es preciso llevar a cabo una política represiva orientada a criminalizar la pobreza y la protesta social.
Los informes de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) son categóricos: “Por detrás del silencio mediático y el discurso setentista, la represión no ha dejado de aumentar y profundizarse (…) Los casos de “gatillo fácil” y torturas son cotidianos y su frecuencia es superior a la de cualquier gobierno desde 1983 a la fecha”.
La criminalización de la pobreza incluye el endurecimiento del sistema penal de forma selectiva y el crecimiento del aparato carcelario en relación con los delitos cometidos por sectores marginales y excluidos, aquellos sobre los que no existe viabilidad de reingreso al sistema productivo.
En un país donde empresarios, banqueros y funcionarios corruptos de distinto color político realizan diariamente negociados arrojando a la pobreza más absoluta a miles de personas, un Estado hipócrita, define como potencial delincuente al marginado social. Marginación que ese mismo Estado ha provocado. Y la policía será una de las encargadas de mantener ese orden que necesita el poder.
Para José Iparraguirre, abogado e integrante de la Liga Argentina del Hombre filial Paraná, “La Policía, a igual que las distintas fuerzas de seguridad, tiene el rol de disciplinamiento social. Un rol claramente dirigido a los sectores más pobres de la sociedad. Pero no solo ella sino todos los operadores del derecho y demás instituciones del sistema democrático. Se ve a las claras la selectividad con que actúa la policía mientras el poder judicial descarga todo su peso sobre los sectores más vulnerables. Nunca sobre aquellos sectores poderosos económicamente que han cometido gravísimos hechos de corrupción”.
“Aníbal” tiene alrededor de 26 y vive en el Barrio Mosconi 2 junto a su familia desde hace unos cuantos años. Tiempo atrás supo tener un carrito con el que cirujeaba cotidianamente. Un día en que estaba muy borracho se lo robaron y ya no pudo volver a trabajar. “Aníbal” es alcohólico en recuperación.
La noche en que lo levantó la policía, estaba tomando en la tranquilidad de las calles del barrio todavía cubiertas por algunos charcos producto de una lluvia pasada.,
En pocos minutos el móvil lo depositó en la comisaría donde le ordenaron que se pusiera de rodillas. Enseguida colocaron una cachiporra en su nuca, para que no pudiera moverse ni ver a los agresores. Entonces fue cuando la mujer policía comenzó a golpearlo cada vez con más fuerza, ante las risotadas de los demás uniformados quienes se burlaban de que quien lo golpeara fuera alguien del sexo femenino.
Cuando se cansaron de pegarle lo subieron nuevamente al patrullero. “Aníbal” se desesperó pensando que podrían trasladarlo a la comisaría quinta, famosa por ser virtualmente un centro legal de torturas y desapariciones.
No recuerda cuanto tiempo anduvo secuestrado dentro del patrullero. Solo recuerda la caída a un costado del camino, cuando los policías lo arrojaron violentamente del móvil en plena marcha.
Tiene heridas en la cara y en el cuerpo pero las que mas le duelen son otras. “Aníbal” había realizado, hace un tiempo, denuncias por apremios ilegales contra la policía. Ahora ya no quiere saber más nada.
Esta historia sucedió y sucede todos los días en las barriadas populares pero no pasará a engrosar las estadísticas mentirosas del Gobierno Provincial ni figurará en los diarios de mañana ni pasado, ni nunca. Esta historia terminará como muchas otras con la impunidad marcada en el cuerpo y el alma de los de siempre.
La conformación de este presente de exclusión no es producto de la casualidad ni la obra divina. Sólo es posible por la depredación de nuestros derechos sociales en la órbita del trabajo y la seguridad social. Este presente de postal, este país de economía floreciente y desigualdad creciente, solo se sostiene en el tiempo con estadísticas falaces, dádivas, discursos para la tribuna y medios de comunicación cómplices y monopólicos. Pero, fundamentalmente, con represión, con la violación sistemática y cotidiana del derecho a la vida por parte de las distintas instituciones del Estado.
En este sistema “democrático” donde la exclusión es la regla, se necesita disciplinar y controlar a millones de personas en estado de indigencia. Es preciso llevar a cabo una política represiva orientada a criminalizar la pobreza y la protesta social.
Los informes de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) son categóricos: “Por detrás del silencio mediático y el discurso setentista, la represión no ha dejado de aumentar y profundizarse (…) Los casos de “gatillo fácil” y torturas son cotidianos y su frecuencia es superior a la de cualquier gobierno desde 1983 a la fecha”.
La criminalización de la pobreza incluye el endurecimiento del sistema penal de forma selectiva y el crecimiento del aparato carcelario en relación con los delitos cometidos por sectores marginales y excluidos, aquellos sobre los que no existe viabilidad de reingreso al sistema productivo.
En un país donde empresarios, banqueros y funcionarios corruptos de distinto color político realizan diariamente negociados arrojando a la pobreza más absoluta a miles de personas, un Estado hipócrita, define como potencial delincuente al marginado social. Marginación que ese mismo Estado ha provocado. Y la policía será una de las encargadas de mantener ese orden que necesita el poder.
Para José Iparraguirre, abogado e integrante de la Liga Argentina del Hombre filial Paraná, “La Policía, a igual que las distintas fuerzas de seguridad, tiene el rol de disciplinamiento social. Un rol claramente dirigido a los sectores más pobres de la sociedad. Pero no solo ella sino todos los operadores del derecho y demás instituciones del sistema democrático. Se ve a las claras la selectividad con que actúa la policía mientras el poder judicial descarga todo su peso sobre los sectores más vulnerables. Nunca sobre aquellos sectores poderosos económicamente que han cometido gravísimos hechos de corrupción”.
Nota Completa en EL COLECTIVO Nº 14 (Salimos la próxima semana)
1 comentario:
Parece buena la nota.
Espero la salida para leerla completa.
Viole
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