(IN) MOVILIDAD PREVISIONAL, INMORALIDAD OFICIAL,
SILENCIO MEDIATICO -por LUIS LAFFERRIERE
Hace apenas escasas semanas que se aprobó la ley que disponía la supuesta ‘movilidad de los haberes previsionales’. La importancia del hecho contrasta con el escaso interés que recibió esta noticia en los grandes medios de (in) comunicación y (des) información, ya sea de los que responden directamente al poder económico, como los que funcionan bajo la tutela y la influencia del poder político.
Si bien es cierto que los sectores económicos más concentrados no tienen ningún interés en el bienestar de nuestros mayores, preocupa también la actitud oficial en relación al tema. En especial es un contrasentido que una norma tan injusta e inhumana, haya sido promovida, defendida y aprobada por un gobierno supuestamente ‘justicialista’.
Desde nuestro modesto espacio levantamos nuestra voz y alertamos sobre este acto, que calificamos de inequitativo, injusto, inmoral, ilícito, inconstitucional, criminal y perverso. Y vamos a fundamentar brevemente esa caracterización, para que llegue al menos nuestra mirada crítica, ante el silencio cómplice de los grandes medios.
Decimos que la norma es desigual e inequitativa, ya que dispone que los haberes de los jubilados se comenzarán a actualizar recién a partir de marzo del año 2009, sin reconocer la pérdida de poder adquisitivo que han tenido desde el año 2001 los jubilados actuales con haber superior al mínimo (que no recibirán ninguna compensación).
Considerando que quienes están jubilados y perciben un haber superior a los mil pesos mensuales (por ejemplo) sólo recibieron una suba del 42 %, a pesar de que entre el año 2002 y el 2007 hubo una inflación del 153 % (la oficial, que es mucho más baja que la real); eso significa que su ingreso real se redujo a la mitad y no se recuperará más.
La norma es injusta, puesto que desconoce el esfuerzo y el aporte que han realizado los trabajadores durante toda su vida laboral, al disponer mecanismos por los cuales sólo recibirán algunas migajas al momento de jubilarse, y luego cada vez menos.
Es además inmoral, ya que este tratamiento desigual e injusto se les hace a millones de personas precisamente en el momento de su existencia donde tienen más necesidades (algunas vitales) y son más vulnerables a los avatares de la vida.
Es una norma ilícita, puesto que se violan derechos adquiridos y se les priva a los trabajadores que llegan a la edad de jubilarse del derecho a recibir una porción de lo que se aportó en cumplimiento de la legislación vigente (modificando a posteriori las reglas de juego que regían cuando cumplió con sus obligaciones).
Es una norma abiertamente inconstitucional, ya que viola lo dispuesto por el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, que dispone las jubilaciones móviles, y considera a las mismas como un sustituto del salario del trabajador en actividad.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (y otros fallos de cámaras federales) con claras y contundentes al considerar la inconstitucionalidad de normas que no consideren la movilidad jubilatoria en función del sueldo del personal activo.
Es una norma criminal, porque al disponer una forma de calcular los haberes previsionales que lleva inexorablemente a una pérdida sustancial y sostenida de los mismos, agravará las condiciones de vida de un sector de la población muy vulnerable y provocará la muerte anticipada de millones de argentinos.
Finalmente, se trata de un acto perverso en un triple sentido.
En primer lugar, porque la fórmula de la ‘movilidad’ del ajuste semestral, pone un tope a las posibles subas de los haberes, si la recaudación del ANSES es menor al aumento del sueldo del trabajador en actividad. Pero luego, aún cuando esa recaudación aumente mucho más que el sueldo de mismo trabajador, la pérdida sufrida en el haber del jubilado no se compensa más.
Por lo tanto, poco a poco el haber va perdiendo valor real, aunque los fondos del ANSES sean más que suficientes para cubrir el deterioro. ¿Qué hará el gobierno con los recursos excedentes? Por ahora los usa para pagar la deuda a los acreedores y los subsidios a los grandes grupos empresarios.
En segundo lugar, porque aunque el gobierno (Ejecutivo y legisladores oficialistas) sabe que la norma aprobada es inconstitucional y la justicia fallará a favor del jubilado que reclame; también sabe que de cada 100 jubilados con derecho a reclamar sólo reclaman efectivamente 8 jubilados, y de esos sólo 2 jubilados llegan vivos al momento del fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia (porque siempre el gobierno apela las decisiones de las instancias inferiores).
En tercer lugar, y como copete de frutilla en la crema, el gobierno intentó ocultar esta maniobra criminal e inconstitucional con una costosa campaña publicitaria, pagada con el dinero de todos los argentinos, para engañar a la sociedad y mostrarle que esto beneficia a los jubilados, que por fin verán un gobierno que les recompone sus destrozados haberes (cuando en realidad estarán haciendo todo lo contrario).
A punto tal es el convencimiento del engaño intentado, que para la sesión del Senado que aprobó la ley, se prohibió el ingreso al recinto de los representantes de los organismos de los jubilados (¿tendrían vergüenza los legisladores oficialistas de mirarlos a la cara mientras se consumaba esa estafa?).
En síntesis, el gobierno ‘progresista’, el de la justicia social, el representante de los trabajadores, ha llevado a cabo un hecho repudiable que toda la sociedad debe conocer y reclamar para que se revierta. Y aún los medios que vienen siendo críticos del gobierno en estos últimos tiempos, han callado y legitimado también esta barbaridad.
Por ello, y ante la indiferencia de los grandes medios, deberíamos hacer un esfuerzo desde nuestro Observatorio para dar al tema una mayor difusión. Están afectados no sólo los jubilados actuales, donde ya el 76 % del total percibe el haber mínimo (muy por debajo de la línea de pobreza), sino que también los jubilados futuros llegarán a esa situación. También está afectado el legítimo derecho a la información.
Dicho en otras palabras, si no cambiamos esta nefasta legislación, estamos todos condenados… Y si no difundimos este atropello a toda la sociedad, también renunciamos al derecho a la libre expresión.
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